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El caso de los concejales de Soledad y la Procuraduría

*El caso de los concejales de Soledad y la Procuraduría (Primera Parte) / análisis de un proceso en el que se cruzan muchos intereses.

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*El caso de los concejales de Soledad y la Procuraduría (Primera Parte) / análisis de un proceso en el que se cruzan muchos intereses.


Lo extraño es que los concejales, en su calidad de co-administradores, no están facultados para presentar ante la plenaria Proyectos de Acuerdo que comprometan o tengan algo que ver con recursos financieros del ente territorial: Únicamente el alcalde puede hacerlo. Sin embargo, en este caso los querellantes, o al menos dos de ellos, colocan al margen de la situación al alcalde, a pesar de ser su despacho el que suministró el proyecto de acuerdo para que la plenaria lo aprobara. Algo está claro, la concepción y redacción original de esos actos administrativos salen de la alcaldía y no del concejo municipal. 

Foto: Mesa Directiva Concejo Municipal de Soledad 2016

Por Guillermo León Pantoja

l capitulara situación que enfrentan los 19 concejales que integran el cabildo soledeño y que aparentemente los tiene al borde de perder sus credenciales por la aprobación de un Acuerdo Municipal que crea un fondo para el desarrollo del deporte, resulta al menos inverosímil al concentrar la atención en los concejales que lo aprobaron dejando por fuera a quien presentó el acto administrativo a consideración de los cabildantes, el alcalde de Soledad, Joao Herrera Iranzo. Sin mencionar que se trata de la creación de un fondo que va en beneficio de la población y que en nada perjudica a los ciudadanos del común, al contrario.

Sin ánimos de entrar a controvertir, esta es una de las pocas situaciones en la historia política de este país que coloca contra la pared a toda una corporación edilicia por la aprobación de un acto administrativo emanado del ejecutivo para su consentimiento y que fuese finalmente sancionado por el mismo ejecutivo que lo presentó: “Comuníquese, publíquese y cúmplase”.

Hasta donde se sabe, la Procuraduría Provincial de Santa Marta llamó a Juicio Disciplinario a la totalidad de los concejales del municipio de Soledad por una presunta extralimitación en la expedición de un acuerdo que crea el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte de Soledad, y que contempla el cobro de un porcentaje del 1.5% sobre el valor de los convenios y contratos que suscriba el municipio de Soledad y los organismos descentralizados del orden municipal con destino a dicho fondo.

Lo extraño es que los concejales, en su calidad de co-administradores, no están facultados para presentar ante la plenaria Proyectos de Acuerdo que comprometan o tengan algo que ver con recursos financieros del ente territorial: Únicamente el alcalde puede hacerlo. Sin embargo, en este caso los querellantes, o al menos dos de ellos, colocan al margen de la situación al alcalde, a pesar de ser su despacho el que suministró el proyecto de acuerdo para que la plenaria lo aprobara.

Algo está claro, la concepción y redacción original de esos actos administrativos salen de la alcaldía y no del concejo municipal. 

La aprobación del mencionado Acuerdo Municipal trajo como consecuencia la presentación de sendas demandas penales y disciplinarias por considerar que se estaba creando un impuesto, para lo cual ningún concejo municipal está facultado en Colombia; aunque existe una norma (Ley 19 del 20 de febrero de 1991) que exhorta a los municipios a crear el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte. Por ende se prevé la destinación del 1.5% del presupuesto para ello; lo que no está estipulado en esa ley es la creación de un gravamen del 1.5% sobre el valor de los convenios y contratos que suscriba el municipio y es allí donde técnicamente está el pecado. 

Es decir, el fondo es importante porque se ve reflejado en mejores escenarios deportivos y en el desarrollo del deporte en la ciudad, lo que se fortalecería con el gravamen, pero implementarlo no es facultad de los concejos, de acuerdo con lo señalado por el abogado Esteban Mosquera, ex funcionario de la procuraduría quien también es querellante en el tema.

Quienes han impetrado las demandas aducen que le están prestando un servicio al municipio de manera desinteresada, porque es una forma de ejercer veeduría sobre los actos administrativos inapropiados; la pregunta es: ¿No resultaba más fácil explicar a la administración municipal por qué eran inapropiados, conminándolos a deshacer el torcido antes que acudir a los entes de control para empantanarse en un largo, complicado y desgastante proceso que, entre otras cosas, somete al municipio al escarnio y la maledicencia pública, por un acto que no tuvo mala fe, ya que los recursos en cuestión no iban a los bolsillos de ninguno de los funcionarios?

Conforme al querellante, el periodista Elmer Enrique Rudas Menco, quien de la manera apasionada que lo caracteriza ha asumido una lucha casi personal en torno al tema, siendo particularmente activo en la presentación de documentación relacionada con el proceso, el cobro del porcentaje del 1.5% sobre el valor de los convenios y contratos que suscriba el municipio lo habían incluido en el Estatuto Tributario de Soledad, pero el mismo fue posteriormente modificado en la administración del exalcalde Franco Castellanos Niebles, precisamente porque contravenía la ley.

¿Para qué es el fondo?

Cabe señalar que, de acuerdo a la ley, los recursos de dicho Fondo se destinan a la construcción, dotación y mantenimiento de instalaciones deportivas y recreativas; a la capacitación técnico - deportiva para los deportistas, entrenadores y personal auxiliar del deporte; a la consecución de implementos deportivos para entidades deportivas sin ánimo de lucro, ubicadas en las jurisdicciones respectivas; y al financiamiento de eventos deportivos de carácter Departamental, Municipal, Nacional e Internacional. 

¿Quiénes pagarían el 1.5% para el fondo?

El impuesto en cuestión no lo pagarían sino aquellos que contraten con el municipio, ningún parroquiano sería afectado directamente con su implementación y obviamente el recaudo no lo haría el concejo sino el municipio a través de la secretaria de impuestos, como es lógico. Sin duda se trata de un tecnicismo que debió hallarse con lupa, lo que podría ser interpretado como la orquestación de una trampa en la que caerían los concejales. 

Otros casos en los que se han visto involucrados concejales

*El único caso que se conoce donde resultaron relevados en firme los concejales por parte de la Procuraduría, fue en septiembre de 2016; en ese momento la Procuraduría suspendió a 16 de los 19 concejales de Cartagena, por irregularidades en la elección de la contralora distrital, Nubia Fontalvo. Según el fallo de la Procuraduría, Fontalvo no alcanzó el puntaje necesario en la prueba de conocimiento para ser incluida en la terna de candidatos.

*Algo muy parecido sucedió en junio de 2016 en la ciudad de Valledupar donde la Procuraduría destituyó por 13 años a 15 concejales y al contralor de ese ente territorial, quienes fueron luego absueltos por esa misma instancia en octubre del mismo año.

*En mayo de este año la Procuraduría destituyó al alcalde y cinco concejales de El Rosal, por presuntamente pedir dinero para no cambiar el Plan de Ordenamiento Territorial.

*En marzo de este mismo año la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años y cuatro meses a tres miembros de la Mesa Directiva del Concejo de Palmar de Varela (Atlántico), por irregularidades en la selección del personero municipal en enero de 2016.

*En abril de 2015 la Procuraduría destituyó a nueve concejales de Villanueva, La Guajira por irregularidades en la elección del personero.

*En noviembre de 2014 la Procuraduría destituyó e inhabilitó, en fallo de primera instancia, a ocho concejales de Barrancabermeja, de acuerdo con el Ministerio Público, los concejales habrían elegido de manera irregular de las mesas directivas del Cabildo para los periodos 2014 y 2015.

Con excepción del caso de los concejales de Cartagena que fueron reemplazados, todas estas decisiones luego fueron resueltas a favor de los sancionados en segunda instancia.

Habrá que esperar el fallo de la procuraduría para asistir a la conclusión de este caso. Mientras tanto, el alcalde de Soledad indicó que unos 1.200 millones de pesos recaudados para el polémico fondo, se encuentran a la espera de lo que dicten las autoridades. 

Hablaré con los abogados de los concejales y les cuento en la próxima.

 

El Acuerdo Municipal en cuestión fue aprobado el 7 de marzo del año 2016 siendo presidente de la mesa Directiva el concejal Ruber Cartagena Llanos; primer vicepresidente Jorge Mejía Iriarte y segunda vicepresidente, Gladys Arraut Varelo

Acuerdo 000199 Del 07 de Ma... by on Scribd

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