*Migrantes: Una vida de angustia entre invasiones y desalojos
En Colombia existen miles de familias desplazadas por diversos motivos como la violencia, desastres naturales o el éxodo desde otros países -principalmente de Venezuela- que se han visto obligadas a establecerse y construir sus viviendas en terrenos subnormales, sin acceso a servicios básicos y en condiciones de vida deplorables, o en lotes pertenecientes a particulares, al Estado o a empresas privadas. Debido a esto afrontan constantemente el drama de ser desalojados de los lugares que ocupan, en muchas ocasiones de manera violenta y perdiendo en ello lo poco que tienen al tiempo que soportan situaciones de mucho dolor y angustia, siendo los niños los que más sufren.
Por Los Guillos: Guillermo González Pedraza (Agencia Kronos) y Guillermo León Pantoja (Contrastes.com.co)
La punzante herida de un desalojo
l agudo grito de una de las mujeres que horas atrás habían cerrado la vía de acceso al lote de invasión ubicado en la zona rural del corregimiento de Juan Mina, en el Atlántico, fue silenciado por el estruendo que produjo la detonación de una granada aturdidora.
El humo se expandió en medio de las cerca de 100 personas que ahora corrían rumbo a sus cambuches, mientras un reducido grupo lanzaba piedras y botellas con gasolina a los agentes del la Policía que intentaban avanzar para desbloquear la calle.
Una segunda detonación estalló al tiempo que la lluvia de proyectiles se incrementaba, los golpes en los escudos sonaban secos y fuertes, pero la unidad policial ganaba terreno y obligaba a los lanzadores a dispersarse.
Por unos momentos reinó el caos, las personas de las casas aledañas al lote se encerraban y protegían con trapos en su cara y agua para parar el efecto del gas lacrimógeno, mujeres y niños lloraban y pedían que se detuvieran, hombres lanzaban gritos obscenos contra los policiales, que perseguían a los tiradores y trataban de retirar los palos y llantas en ignición que impedían el paso.
El fragor del enfrentamiento se prolongó por unos minutos más cuando los encapuchados se rearmaron y desde lo lejos arremetían nuevamente con lanzamientos que ya no llegaban a su destino, pero que seguían siendo peligrosos. Una unidad de agentes motorizados entró a la escena y terminó de alejar a los manifestantes que optaron por esconderse en medio de los matorrales.
Después de asegurar las posiciones y controlar a los tiradores, los agentes entraron al lote en medio de algunas casuchas de madera y bolsas de plástico a medio armar, otras más sólidas, con ladrillos rojos y techos de zinc y unas más construidas en medio de lodazales y charcos de agua estancada.
En esta ocasión, el desalojo estuvo dirigido a cerca de 300 personas que ocupaban un predio distrital y que habían sido retirados del mismo en dos ocasiones anteriores, pero que, volvieron a ingresar a pesar de la vigilancia y las medidas de cerramiento adoptadas.
“La vez anterior nos metieron al mismo ejército, pero ellos vieron que en la noche llegaron más de 500 personas y no quisieron enfrentarnos, así que volvimos a meternos y construir de nuevo”, aseguraba uno de las personas que había levantado su casa en medio del lote en disputa.
En horas de la mañana, funcionarios de la alcaldía de Barranquilla se acercaron al grupo que bloqueaba la vía, informados desde la noche anterior del operativo de desalojo, para conversar y exponerles el requerimiento de desalojar pacíficamente el terreno, al no haber acuerdo, se les permitió crear una comisión que negociara con el grupo oficial, argumentando fallas en la tenencia del lote por parte del distrito, una indemnización o una prórroga de permanencia en el sitio mientras se dirimía el conflicto en espacios judiciales.
La respuesta al final, derivó en el operativo de desalojo, pues el ente oficial, expuso sus argumentos y basándose en un fallo a su favor, exigió la retirada inmediata de las personas que ocupaban el terreno. Ni siquiera los intentos, amenazas de mal proceder por parte de los abogados apoderados de los manifestantes o los ruegos de las mujeres que pedían solidaridad por su precaria situación, pudieron detener la perentoria orden de desalojar.
Las invasiones, una historia con un comienzo triste y sin un final a la vista
n el departamento del Atlántico, la historia de las invasiones se remonta a principios del siglo pasado, cuando campesinos y personas que buscaban un mejor futuro para sus familias empezaron a salir de municipios ribereños de departamentos vecinos para llegar a la novel Barranquilla y parte de su área metropolitana.
Las primeras zonas en ser invadidas fueron los alrededores del Barrio Abajo, aproximadamente entre 1914 y 1916, cuando una gran cantidad de personas ocuparon en lo que se conocía como La Cueva de Montecristo, sector del hoy barrio Montecristo, en inmediaciones del estadio de Béisbol Edgar Rentería Park.
De ahí en adelante, la ciudad ha padecido oleadas de invasiones, donde miles de personas han ocupado predios, bien sean privados, oficiales o por determinar.
A finales de los años 50 y comienzos de 60 por ejemplo, se dieron invasiones masivas en lo que en la actualidad es el barrio Carrizal y parte del barrio El Bosque, cuando ocupantes ilegales se asentaron en terrenos tuguriales, con precarias condiciones de vida, pero con la firme convicción de hacerse a un lote y levantar una vivienda.
Sin servicios públicos los invasores empezaron a organizarse para buscar soluciones a sus problemas de vida, acudiendo a políticos que sacaban dividendos por ayudar, incluso estimulando a que naciera la práctica del loteado y la invasión ‘profesional’.
En el sur de la ciudad, terrenos pantanosos fueron rellenados con basura y escombros por ‘colonos’ que, entre los años de 1973 a 1975, los ocuparon para construir viviendas de madera, con techos de zinc, dándole inicio al barrio la Chinita, cerca al recientemente inaugurado puente Pumarejo. Estos terrenos pertenecían a la señora Rita Alzamora de Mancini, que en defensa de sus propiedades inició un proceso judicial para desalojar a los invasores en un infructuoso esfuerzo.
El crecimiento irregular de estos sectores, las malas condiciones en que se desarrollan la vida en su interior, son el caldo de cultivo perfecto para la generación de la violencia, la inseguridad, crisis de salubridad, entre muchas otras consecuencias, que obliga a las administraciones a buscar soluciones que frenen su expansión.
Historias parecidas a la de La Chinita se dieron en otros sectores de la ciudad en diferentes épocas, pero con la misma génesis, surgiendo barrios de invasión como Las Malvinas, producto de la ocupación a los terrenos ubicados en la finca Manchester, del fallecido empresario Roberto Esper Rebaje; otros decidieron invadir vastas tierras del suroccidente formando barrios como Los Ángeles, Los Olivos, La Pradera, Los Rosales, Siete de Agosto, Santo Domingo, entre otros.
El mapa de las invasiones se extiende por las fronteras de la ciudad, con personas ocupando terrenos ilegales en la misma Ciénaga de Mallorquín, el barrio las Flores o en la Loma, a orillas del Caño de Las Compañías, donde sus ocupantes vivieron por cerca de 40 años hasta ser reubicados, pero dando paso a nuevos invasores, en un problema que parece no tener fin.
Otras personas decidieron asentarse en territorios peligrosos, como lo que hoy llamamos Nueva Colombia, parte de La Manga, La Esmeralda, Carlos Meissel o Me Quejo, entre otros, construyendo sus casuchas sobre un suelo arcilloso que se desliza con las lluvias o en las laderas de peligrosas lomas que en invierno se resquebrajan y rompen arrasando con todo lo construido y incluyendo a las mismas personas.
Aún hoy el flagelo de la invasión sigue golpeando con fuerza, no solo a Barranquilla sino grandes áreas de su vecina Soledad, donde también se han formado barrios producto de este fenómeno y más en la época actual con la intensificación de la migración venezolana.
Las acciones del Estado
En la mejor de las situaciones, los invasores han ganado pleitos legales, obligando a las administraciones a actuar para mejorar sus condiciones de vida, con instalación de servicios públicos, ofertas educativas, vivienda o salud, entre otras para su beneficio.
Pero en muchos casos, el estado es obligado a actuar desalojando a los ocupantes ilegales de predios privados o lotes oficiales, bien sea a través de reubicaciones, indemnizaciones o en el peor de los casos con desalojos forzosos, que frecuentemente terminan en violentos choques generando situaciones dramáticas y peligrosas tanto para los angustiados expulsados, como para los integrantes de las fuerzas del orden.
