El estudio sostiene que las decisiones diplomáticas del entonces mandatario colombiano contribuyeron a reducir la presión internacional sobre Nicolás Maduro, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La abstención de Colombia en la OEA y la apuesta por la mediación figuran entre los principales cuestionamientos.
Un informe del Miranda Center for Democracy, centro de análisis con sede en Estados Unidos, puso bajo cuestionamiento la política exterior del entonces presidente colombiano Gustavo Petro frente a Venezuela, al concluir que varias de sus decisiones diplomáticas contribuyeron a disminuir el costo internacional de las irregularidades electorales que permitieron a Nicolás Maduro mantenerse en el poder tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
El documento, titulado Laundering Maduro’s Legitimacy (Blanqueando la legitimidad de Maduro), examina las actuaciones del Gobierno colombiano y su impacto en la respuesta de la comunidad internacional frente a la proclamación de Maduro como ganador por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que anunció un resultado del 51,2 % de los votos sin publicar las actas desagregadas que permitieran verificar el escrutinio.
EL SILENCIO DE PETRO Y LA ABSTENCIÓN EN LA OEA
Uno de los primeros aspectos cuestionados por los investigadores fue la reacción del entonces mandatario colombiano después de las elecciones. Según el informe, Petro tardó aproximadamente 55 horas en pronunciarse públicamente sobre los resultados, mientras otros gobiernos de la región, como los de Chile y Brasil, reclamaban transparencia y exigían la publicación de las actas electorales.
La oposición venezolana, encabezada por Edmundo González Urrutia, había divulgado copias de las actas de votación que contradecían los resultados anunciados por el organismo electoral y le atribuían una amplia ventaja sobre Maduro.
Otro episodio señalado como determinante ocurrió el 31 de julio de 2024, cuando Colombia se abstuvo de respaldar una resolución presentada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo propósito era exigir al Gobierno venezolano la publicación inmediata de los resultados electorales desagregados.
La iniciativa obtuvo 17 votos favorables, uno menos de los 18 necesarios para su aprobación. Para el Miranda Center, la posición colombiana contribuyó a que fracasara una de las principales iniciativas regionales encaminadas a aumentar la presión sobre Caracas.
LA MEDIACIÓN DIPLOMÁTICA EN LUGAR DE LA EXIGENCIA DE LAS ACTAS
El informe también cuestiona la estrategia posterior de Colombia, Brasil y México, cuyos gobiernos promovieron una posición conjunta orientada a la transparencia electoral, la verificación de los resultados y el diálogo político.
A juicio de los investigadores, este cambio de enfoque terminó desplazando la exigencia concreta de publicar las actas por una fórmula diplomática más moderada, que permitió al Gobierno de Maduro conservar espacios de interlocución internacional.
Los autores denominan este comportamiento como un proceso de “blanqueo institucional”, expresión con la que describen las actuaciones diplomáticas que, según su interpretación, ayudaron a reducir el aislamiento internacional del Gobierno venezolano.
El estudio precisa que sus conclusiones se fundamentan en los efectos de las decisiones adoptadas por Bogotá y no en la demostración de un supuesto acuerdo secreto o una coordinación deliberada entre Petro y Maduro.
Como parte de sus argumentos, el centro de análisis también recoge las evaluaciones del Centro Carter, organización que concluyó que las elecciones venezolanas no cumplieron los estándares internacionales de integridad electoral, debido, entre otros aspectos, a la falta de transparencia y a la ausencia de resultados verificables.
TRES FACTORES QUE HABRÍAN CONDICIONADO LA POSICIÓN COLOMBIANA
El Miranda Center identifica tres elementos que, en su interpretación, habrían influido en la postura del Gobierno de Petro frente a Caracas.
El primero corresponde a las afinidades políticas e ideológicas entre ambos gobiernos y a las reiteradas posiciones del entonces presidente colombiano contra las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela, a las que atribuía parte de la crisis económica y social del vecino país.
El segundo factor está relacionado con los intereses energéticos. El documento menciona los acercamientos entre Ecopetrol y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), así como las posibilidades de importar gas venezolano, iniciativas que, según los investigadores, hacían conveniente mantener una relación bilateral estable.
El tercer elemento está vinculado con la política de Paz Total impulsada por Petro. Venezuela desempeñaba un papel de país garante en las negociaciones del Gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de su importancia dentro de los escenarios de interlocución relacionados con el conflicto armado colombiano.
Para los autores del informe, esta circunstancia representaba un factor adicional que podía desestimular una confrontación diplomática con el Gobierno venezolano, ante el riesgo de afectar los canales de negociación con esa organización guerrillera.
El documento reabre así el debate sobre la actuación de Colombia frente a la crisis política venezolana y las responsabilidades diplomáticas de los gobiernos de la región ante las denuncias de irregularidades en las elecciones de 2024.
Cabe precisar que las conclusiones del Miranda Center for Democracy corresponden a un análisis de política exterior elaborado por una organización independiente con sede en Estados Unidos. No constituyen una acusación oficial del Gobierno estadounidense ni una decisión judicial que establezca la participación directa de Gustavo Petro en la manipulación de los resultados electorales venezolanos.