| Por Alfredo Gravini Simancas Puerto Colombia, Atlántico – En un drama de alto voltaje por la soberanía territorial y fiscal, dos municipios del Atlántico presentan contrastes que no pasan inadvertidos. Por un lado, Puerto Colombia libra una batalla jurídica y política por retener el Corredor Universitario, una franja de tierra que le garantiza hasta el 60% de sus ingresos propios. Por el otro, Soledad, con graves desafíos sociales, ha adoptado una postura que, a ojos de muchos, equivale a «patear la lonchera» de la educación: la posible renuncia a percibir anualmente miles de millones de pesos provenientes de la Estampilla ITSA. La reciente anulación, por parte del Consejo de Estado, de la ordenanza que fijaba los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia, devolvió temporalmente la jurisdicción de 1.402 hectáreas del Corredor Universitario al Distrito, reactivando una disputa histórica. Esta zona, epicentro de universidades, proyectos inmobiliarios de lujo y alto desarrollo comercial, representa la vida fiscal del municipio costero. La dirigencia de Puerto Colombia, consciente de que perder el corredor significaría el colapso de su viabilidad financiera, se ha mostrado férrea y unida en la defensa de su territorio, llevando el pulso hasta el Congreso de la República, quien tendrá la última palabra. El «Lujo» de Soledad y la Estampilla ITSA La escena en Soledad es diametralmente opuesta y genera una profunda indignación entre |
la gota fría por defender sus «papiros» (los impuestos del Corredor), el municipio de Soledad, sumido en retos de infraestructura, seguridad y pobreza, parece estar dispuesto a ignorar una fuente vital de recursos: la Estampilla ITSA (Instituto Técnico de Soledad, hoy Institución Universitaria de Barranquilla, IUB).
Se estima que esta estampilla podría representar un ingreso de aproximadamente 7.000 millones de pesos anuales para el municipio. Un monto que, en cualquier contexto, sería crucial para inversión social, infraestructura o el fortalecimiento de la educación superior propia. No obstante, la falta de voluntad política o la inercia administrativa de la dirigencia soledeña para gestionar y asegurar la plena aplicación y recaudo de este tributo es interpretada como un «lujo» incomprensible.
Dos batallas, un solo contraste.El panorama del Atlántico muestra un evidente contraste en la gestión de los recursos públicos:
Puerto Colombia: La lucha es por la existencia fiscal misma. Cada hectárea del Corredor es defendida con garras y dientes, pues representa la única garantía de futuro para su presupuesto.
Soledad: La batalla parece ser contra la oportunidad. La indiferencia ante un ingreso de $7.000 millones anuales, una cifra significativa para cualquier municipio con tantas necesidades, pone en tela de juicio la capacidad de la dirigencia local para priorizar el beneficio social y económico de sus ciudadanos.
En una región donde cada peso es vital para afrontar los desafíos de la desigualdad y el subdesarrollo, el compromiso férreo de Puerto Colombia frente al aparente desinterés de Soledad por asegurar recursos vitales se convierte en la gran paradoja fiscal del Atlántico.
¿Podrá Soledad permitirse seguir desperdiciando una renta anual de miles de millones de pesos mientras su población espera soluciones urgentes? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de su desarrollo social y educativo.