A estas alturas nos preguntamos cómo se ha venido consolidando el submundo de la criminalidad en Colombia, que en su vertiginoso crecimiento amenaza con transformarse en todo un ‘Estado paralelo’ a expensas del delito. En su presentación más sencilla, que es la que hoy abordamos, observemos dos de las principales razones para su existencia: ‘la impunidad’ y la ‘falta de oportunidades para nuestros jóvenes’.
Por Guillermo León Pantoja
Decir que la delincuencia está desbordada o que enfrentamos una ola de criminalidad, no es nada nuevo. En los últimos días, en los municipios de Soledad y Malambo, al igual que en el distrito de Barranquilla, transcurre el tiempo contado en homicidios. En este caso se registran a razón de 1.2 homicidios por día; es decir, vamos a exceso de velocidad en materia de muertes violentas causadas, en su inmensa mayoría, por desadaptados empuñando armas de fuego por encargo. En otras palabras, el sicariato se ha tomado al Área Metropolitana.
Las razones son muchas y han sido ampliamente reseñadas por estudiosos del tema. Las hemos escuchado estupefactos y hasta el cansancio en las voces de aquellos que, aparentemente, buscan minimizar el problema con explicaciones que, pretendiendo aliviarnos con cifras frías e incoloras, terminan subestimando la percepción de inseguridad que vivimos todos.
Al igual que el número de familias que viven en pobreza extrema, es evidente que la empresa criminal también ha crecido exponencialmente. Las autoridades no se enfrentan a homicidios fortuitos: Esta es una guerra sin cuartel que libran en las calles las bandas delincuenciales procurándose territorialidad y el manejo del micro tráfico; sumándole a ello la extorsión que se yergue como un aparato mafioso sobre el comercio en toda la zona.
Ya hasta observamos aterrorizados la utilización de granadas fragmentarias, cuyo uso debería ser exclusivamente militar, como una espantosa forma de amedrentamiento para aquellos que no pagan ‘la protección’ de las bandas criminales.
Le pagamos al Estado por nuestra seguridad
Pero, la seguridad es una de esas necesidades imprescindibles para la ciudadanía. Es, si se quiere, un servicio público prestado por el Estado y es fundamental para que una sociedad como la nuestra se desarrolle con relativa normalidad. De hecho, al igual que el agua, el gas o la electricidad, la pagamos cada vez que liquidamos un impuesto gravado, incluso en el famoso IVA.
Porque, en conjunto, cada uno de estos impuestos termina formando parte de esos recursos que capta el Gobierno Nacional, departamental o municipal para conformar su renta. Es ‘el combustible que mantiene al sistema’, aunque este -en muchos aspectos y particularmente en este- no funcione correctamente.
Del pie de fuerza y otros conceptos…
En cualquier lugar podemos ser objeto de un atraco, para quitarnos un celular, un reloj, una cadena, la billetera o, en el peor de los casos, hasta la vida. La delincuencia se agazapa en cualquier esquina, al amparo de las deficiencias del alumbrado público; auspiciados en gran parte por la poca disposición o la inexistencia de cámaras de seguridad; por el poco pie de fuerza de la Policía, que constantemente se ve abrumado ante el colosal número de barrios que les corresponde custodiar.
Hay más cuadrantes que policías y eso hay que tenerlo bien claro. Cuando se dice que el pie de fuerza es de, digamos, 100 policías, hay que considerar que no todos se encuentran en servicio al mismo tiempo. La mitad debe descansar mientras la otra mitad trabaja, porque esta es una agotadora e intensa labor de 24 horas diarias. De manera que el número se reduce inicialmente a la mitad, unos 50 efectivos por cada 100.
A menudo los vehículos para que la fuerza púbica se desplace también son escasos, las patrullas y motocicletas se dañan o, peor aún, les falta combustible. Esto último es un constante dolor de cabeza para los comandantes de policía que, en ocasiones, deben hasta rogarle a los mandatarios de turno para que estos solucionen un problema que no debería existir.
En conclusión, los uniformados deben estar siempre acompañados, por lo que, de cada 100 gendarmes, solo terminan estando en las calles entre 20 o 30 uniformados, más o menos y en cada turno.
¿Denunciar o no denunciar? He allí el dilema
Los delincuentes hacen de las suyas ante una sociedad inerme que termina conformándose con sobrevivir, o salir ilesa de un atraco a mano armada. Las víctimas ya ni se preocupan por hacer una denuncia, desestimuladas por el rosario de vacíos que presentan los procedimientos judiciales que, en un inmenso porcentaje, terminan patrocinando a los hampones gracias a tecnicismos leguleyos, al vencimiento de términos, a errores en el proceso o simplemente porque la fotocopiadora de la URI de la Fiscalía no sirve, como no pocas veces ha sucedido. Sin olvidar que podría uno ganarse una “culebra” con el maleante que denunciamos, que dejaron en libertad poco después de su captura y que, tarde o temprano, podría cobrarnos la osadía de darle dedo o de “bembearlo”, como está de moda.
A estas alturas nos preguntamos cómo se ha venido consolidando el submundo de la criminalidad en Colombia, que en su vertiginoso crecimiento amenaza con transformarse en todo un ‘Estado paralelo’ a expensas del delito. En su presentación más sencilla, que es la que hoy abordamos, observemos dos de las principales razones para su existencia: ‘la impunidad’ y la ‘falta de oportunidades para nuestros jóvenes’.
Lo primero es el resultado de un sistema perverso en el que policías corruptos y hasta jueces, cobran por no actuar y miran hacia otro lado estirando la mano. En cuanto a lo segundo, grandes sectores de nuestra juventud, provenientes de familias díscolas e irresponsables, donde el abuso de menores y la violencia es el único desayuno que encuentran en sus desahuciadas casas, terminan siendo ‘victimas’ de una sociedad inequitativa y creen encontrar la salida de su abandono jugándosela a emular los arquetipos mafiosos que endiosan en la ‘tele’ a los narcotraficantes; vendiendo al delito -de pronto hasta sin querer- como el vehículo ideal para una vida fácil y ‘sabrosa’. ¿Cuántos jóvenes en Colombia no sueñan con ser capos?
Claro que el Estado es responsable de esta situación, por tener el deber de propiciar el desarrollo físico, moral, emocional y laboral de las familias colombianas y de cada uno de sus integrantes.
El problema está en creerse -a pies juntillas- lo anterior y creer que podemos dejarle todo eso al Estado colombiano que, por cierto, nunca ha terminado de desarrollarse así mismo.
De allí la importancia de revisarnos todos como ciudadanos integrantes de esta gran familia que es Colombia, con todos sus deportistas exitosos, sus profesionales integrales, su gente trabajadora y honesta; como también sus bandidos, ¿por qué no?, tanto aquellos que te roban con un arma en la mano, como esos que te roban desde una silla en el Congreso y que también forman parte del ‘Estado del delito’, pero a otro nivel. ¡Hay que hacer algo, por Dios!
Artículo de opinión de ‘El Mundo de Guillo’.
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