¿Tiene solución el fenómeno de la extorsión en Soledad? / Por Guillermo León Pantoja
Ni las autoridades locales, ni las regionales, cuentan con las herramientas suficientes para salirle al paso a semejante fenómeno que se ha desbordado y ha ido tomándose vastos territorios de la geografía colombiana, por lo que en esa materia hay que pasarle el testigo, cuanto antes, al Gobierno Nacional.
Por Guillermo León Pantoja
a presencia del alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, en la marcha pacífica convocada por los comerciantes de la ciudad en contra de la extorsión, tiene varias lecturas. Una de ellas es la noble y sincera admisión, aunque algo soterrada, de que las autoridades locales y regionales no cuentan con las herramientas suficientes para salirle al paso a semejante fenómeno que, desbordándose, se ha ido tomando vastos territorios de la geografía colombiana, por lo que en esa materia hay que pasarle el testigo, cuanto antes, al Gobierno Nacional.
La lucha contra el delito de extorsión, en todas sus modalidades, debe poseer la contundencia que únicamente le otorgaría la planificación y articulación desde el gobierno nacional, a través de los ministerios del Interior y de Defensa, mediante enérgicas acciones que permitan brindar, de manera oportuna, los resultados que la ciudadanía espera en pro del restablecimiento del pleno derecho al trabajo, así como la legitima necesidad de vivir en paz.
Al concluir la jornada, el mandatario indicó que mañana jueves se adelantará una reunión de seguimiento con los comerciantes y autoridades, para revisar los avances de los compromisos acordados en el reciente consejo de seguridad. «Estamos comprometidos en implementar estrategias de seguridad que aporten a la desaparición de este flagelo de la extorsión en nuestro municipio», anotó.
Cabe la pregunta de si sirve de algo marchar en contra de un fenómeno delictivo como lo es la inatajable extorsión que se cierne sobre los comerciantes soledeños. La respuesta corta es sí. Cualquier cosa es mejor que no hacer nada. Al menos de esa forma nos acompañamos, nos apoyamos uno al otro como le corresponde a nuestra especie. Una carga tan pesada como esa es más llevadera entre muchas personas que sufren el mismo flagelo. Unirse contribuye a reconocernos en la lucha por no desfallecer y a reencontrarnos con la esperanza de una pronta salida ante esa calamidad.
¿La Paz Total llegará a tiempo?
Habría que ver si -en tiempos razonables- el proceso anunciado por el gobierno nacional denominado “la paz total”, que plantea resolver, mediante el dialogo y las negociaciones con grupos armados al margen de la ley, el enorme problema de inseguridad que vive el país, brinda los resultados esperados; digo esto en virtud del gran número de bandas criminales que delinquen por doquier y a quienes habría que integrar a ese ideal de la paz absoluta.
No sé si ese inmenso dialogo podrá resolver este enorme problema que no es más que una brutal herencia de décadas de violencia armada en gran parte del territorio nacional, amén de las desigualdades sociales y la falta de oportunidades que son -en última instancia- las razones que nutren las aparentemente infinitas filas de la delincuencia.
Colombia el segundo país del mundo con más bandas criminales
Recordemos que en el más reciente informe bienal de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (conocida como Global Initiative-Gitoc) Colombia ocupa el nada envidiable puesto del segundo país del mundo con el mayor número de bandas delictivas, superado únicamente por la República del Congo.
El estudio califica en una escala de 1 a 10, de acuerdo con tres criterios: el alcance, la escala y el impacto de mercados criminales; la estructura e influencia de los actores criminales; y el alcance y la eficacia de las medidas de resiliencia de los países, definida en el estudio como la capacidad de dar respuesta y desmantelar las actividades del crimen organizado en su conjunto.
La República del Congo está a la cabeza, con una calificación de 7,75 puntos sobre 10, mientras Colombia tiene 7,66. La calificación de México -que ocupa el cuarto lugar en la despreciable lista- es de 7,56; mientras que la de Honduras, décimo lugar en ese inventario fatídico, es de 6,98. Cabe resaltar que el informe señala, además, que Colombia es el país que más comercia cocaína en el mundo, con una puntuación de 9,5 sobre 10, por encima de México que tiene una calificación de 9 lo que claramente indica que ese mercado continúa siendo el combustible de todo este entrampamiento.
Sumémosle las “banditas” de barrio
Dicho esto, podríamos asegurar que allí se encuentra la causa, el pecado original o el origen del mal; localmente sumémosle ahora el gran número de bandas delictivas marginales que hacen vida en nuestros barrios más vulnerables y que, aprovechando el río revuelto e identificándose como bandas criminales de mayor trascendencia, delinquen a nombre de estas; lo que explicaría por qué el fenómeno ha tocado a los más modestos comerciantes informales de la localidad, como son vendedores ambulantes, de llamadas a celular, tinteros y hasta humildes vendedoras de fritos o sopas, que presumo no estarían en la mira de bandas delictivas más voluminosas como ‘Los Rastrojos’, por mencionar alguna.
¿Qué hacemos entonces?
La solución pasa por revisar a los agentes de policía que conforman el pie de fuerza con el que cuenta el municipio, aunque no todos sucumben ante la tentación del soborno mafioso, hay que reconocer que algunos formarían parte de estos esquemas criminales. Lo demás es tarea de Bogotá comenzando por el aumento del número de efectivos, cuya decisión es íntegramente presidencial.
Es tarea enteramente del Gobierno Nacional, brindarle una mayor capacitación, mejores salarios y más beneficios a los uniformados. El sistema judicial en Colombia debe ser reformado con urgencia para hacerlo más efectivo y menos complaciente; es consabido que, debido precisamente a su porosidad, por fallas de forma, manejo, oportunismo o perversión, los delincuentes continúan en las calles aun y cuando sean capturados en flagrancia.
En cuanto a la ciudadanía, o el dulce objeto del delito; esta debe ejercer un papel más activo con relación a las denuncias, pero para ello debe sentirse amparada, segura.
Menudo trabajo el que tiene el gobierno del Presidente Gustavo Petro por delante.
Elucubrando en medio de un buen café, hablábamos hace unos días de que el ciudadano común paga sus impuestos al Estado para que este le garantice su seguridad, históricamente ha sido así en el mundo entero: Quien ejerce el monopolio de las armas es quien puede garantizar la seguridad de los habitantes, eso no admite discusión alguna. Nos preguntábamos entonces: ¿y si las bandas criminales son las que doblegan al Estado? Entonces, sencillamente, serían estas las que ejercerían el derecho a recibir tributos, la diferencia es y sería siempre la ilegalidad, el reconocimiento, además de resultar algo inaudito para cualquier país, aunque puede que suceda en algunos lugares. De cualquier manera, ello constituiría lo que coloquialmente denominamos “el apaga y vámonos”, porque estaríamos ante un Estado fallido como la República del Congo… Ahora bien ¿recuerda usted quién ocupa el segundo lugar del infame informe y por ende le correspondería el turno?
-¿Seguimos nosotros?
-“Dios nos ampare y favorezca”, diría mi abuela.
-Yo quiero creer en la «paz total» que propone el Presidente, no queda de otra…
