El agudo grito de una de las mujeres que horas atrás habían cerrado la vía de acceso al lote de invasión ubicado en la zona rural del corregimiento de Juan Mina, en el Atlántico, fue silenciado por el estruendo que produjo la detonación de una granada aturdidora.
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En un país que pide cambio, se abrió la discusión pública por el cuestionamiento del jefe de estado al Fiscal General de la Nación, le pregunta por el asesinato de doscientas personas, a lo que el cuestionado responde con la aclaración de la majestad e independencia de su cargo, pero sin responder a la pregunta realizada por el jefe de estado y presidente del país, el procedimiento para elegirlo es simple, el presidente presenta una terna a la corte suprema de justicia quien elige a uno de los tres, luego de evaluar su hoja de vida y varias entrevistas, solo la comisión de acusaciones de la cámara tiene el mandato constitucional para investigarlo pero aquello no ocurre porque esta amarrada a los más bajos intereses. Los medios de comunicación abren el debate sobre la independencia del cargo del fiscal, sin promover la discusión sobre el caso concreto y cuestionar lo preguntado.
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*A propósito de la «Libertad de Prensa» / Por Cecilia de Alba «Resulta apremiante garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, imparcial; pero serán los periodistas comprometidos e independientes o el ciudadano crítico, quienes objetivamente deban difundir la información verdadera y desvirtuar al profesional que se autocensura, confunde o desinforma». […]
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Las tribus políticas son una suerte de grupos socio-electorales conformados por ciudadanos aptos para votar aglutinados en torno a la figura de un líder que ejerce una jefatura indiscutible; este se ocupa de resolver algunos de los problemas básicos de su colectividad a cambio de obediencia política, este líder absoluto debe solventarle a sus seguidores problemas que van desde el pago de un medicamento o un servicio público, hasta la consecución de un empleo burocrático, pasando por el agendamiento de una cita hospitalaria, el otorgamiento de una beca estudiantil y -por supuesto- un palancazo en cualquier instancia gubernamental, todo ello en virtud de los buenos oficios, la verbigracia y los contactos del cacique o jefe político.
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Debemos partir del interrogante ¿Colombia cuenta con un adecuado sistema de planificación? Es aquí donde empezamos describiendo el sistema de planificación del desarrollo territorial el cual cuenta con diferentes instrumentos y programas para cumplir con sus objetivos. Cabe mencionar los instrumentos para planificar el desarrollo y ordenar el territorio, con los cuales las entidades territoriales definen sus lineamientos y objetivos frente a su modelo de desarrollo territorial.
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Las conversaciones ciudadanas de éstos días giran sobre temas nacionales y locales. Los primeros con énfasis ideológica y acuerdos para conseguir aprobaciones a las reformas del sistema de salud, pensional, laboral. Mientras que en los municipios la cosa gira sobre: quienes aspiran a las alcaldías, quien les respalda, si tienen cuestionamientos o están preparados, que proponen, en fin; y a partir de ahí surgen opiniones, controversias, discusiones, algunas con altura, otras baladíes, pero validas porque es el ejercicio democrático de opinión.
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La tradición de 72 años de El País en manos de la familia Lloreda de Cali llegó a su fin en febrero pasado. Esta fue la última movida en la ofensiva de Gabriel Gilinski por hacerse a un nuevo medio de comunicación para fortalecer la adquisición del Grupo Semana que empezó el 30 de enero de 2019, hace ya cuatro años.
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La población Colombiana, con su larga historia de guerras intestinas, paramilitarismo, narcotráfico, extorsiones, violencia intrafamiliar, maltrato escolar e infantil; toda una receta de conflictos y violencias, que arroja como resultados una tasa de 4.7 de enfermos con depresión, más alta que la promedio mundial (4.4%).
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El acceso precario a vivienda y saneamiento en asentamientos informales de la región consolidan las bases de escenarios urbanos trágicos donde se presentan altas tasas de mortalidad, violencia y desorganización psicosocial. En Colombia, los asentamientos informales se identifican en la periferia de las ciudades o en zonas formales ocupadas de manera ilegal; en estos espacios la falta de servicios públicos, vías sin pavimentación, déficit de espacio público y zonas de contaminación repercuten en los bajos niveles de calidad de vida y dificultan la ejecución de planes de sostenibilidad urbana, no por la falta de disposición entre la comunidad y el Estado, sino por la ilegalidad en la ocupación de los terrenos y los riesgos de desastres identificados en estas zonas.
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En las conversaciones ciudadanas hay el anhelo de la oración para ahuyentar la codicia de quienes hacen uso inadecuado de los recursos púbicos, malos manejos, e indolencia; deseando que la autoridad actúe e imponga orden en todos los aspectos porque el caos es general: aguas servidas en las calles rotas, basuras por todas partes, desorden de movilización, reguladores generando trancones y coaccionando para no inmovilizar, poco compromiso ciudadano, jóvenes sin oportunidades, finanzas precarias, en fin, todo viene acumulado de varios periodos, que genera inseguridad.
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